Con
relación a los capítulos de inversión en los TLCs, el pasado 22 de abril se
celebró en Guayaquil la “Primera Reunión Ministerial de Estados de
América Latina Afectados por los Intereses de las Transnacionales”, donde
estuvieron presentes Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador,
Guatemala, Honduras y la RD. Se adoptó una Declaración, que encuentra amparo en
los “recientes acontecimientos en diversos países de latinoamericana,
relativos a disputas entre Estados y empresas transnacionales [...] y a
propósito de que los Estados celebran contratos con empresas extranjeras, en
una relación que debería ser de mutuo beneficio para los inversionistas y para
nuestros pueblos”.
La
RD, junto a Ecuador y Venezuela, se comprometió en un plazo de tres meses a
“presentar una propuesta de creación” de un observatorio
internacional, para que entre otras cosas, “proponga mecanismos para la
reforma las instancias arbitrales internacionales” –i.e. Centro
Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), que es el tribunal
del Banco Mundial; y la Cámara de Comercio Internacional-.
Se
presentó un informe de la FLACSO titulado “Cuando la injusticia es
negocio. Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el
auge del arbitraje de inversiones”. Entre los hallazgos: “(a) La
mayoría de estos árbitros tienden a defender los derechos de inversores
privados por encima del interés público, lo cual pone de manifiesto un sesgo
inherente a favor de las corporaciones”; y (b) “El sistema de
arbitraje de inversiones está cada vez más interconectado con el mundo de las
finanzas especulativas”.
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